¿Es posible la privatización de la justicia?

A día de hoy existe una corriente de pensamiento, el liberalismo, que, en el ámbito económico, apuesta por la no intervención del Estado, en campos como; salud, educación o pensiones, entre otros. Pero, ¿es posible una justicia privada?

Para poder responder a esa pregunta, me gustaría partir del siguiente punto: es imposible un Estado sin el Derecho, pero, ¿es posible el Derecho sin Estado? La respuesta es afirmativa; sí es posible el Derecho sin Estado.

El Derecho es anterior al Estado, es un conjunto de normas que previenen o solucionan conflictos sociales. Y en el Estado ha delegado toda la ciudadanía su potestad individual para que organice y aplique el Derecho, porque ha depositado, en última instancia en él, el poder de la fuerza (por ello cuenta con cuerpos de seguridad).

La convivencia social no ocurre exclusivamente porque haya un Estado que dicte leyes y normas, y obligue coactivamente al cumplimiento de las mismas, la convivencia es posible porque todos los individuos comparten, respetan y asumen un conjunto de Principios Generales, cuya raíz es la propiedad privada. Aunque haya Estado, si los ciudadanos no respetan unos valores comunes, no habrá una convivencia en paz. Este sería el caso de una guerra civil, donde la sociedad no respeta unos valores universales y el Estado no puede actuar. Es por esto por lo que el Estado es solamente una consecuencia y forma organizativa que deriva de unos principios fundamentales comunes.

Y ¿por qué el derecho de propiedad privada es el principio básico? Porque la propiedad privada es algo natural e intrínseco al ser humano que permite que las relaciones entre los mismos sean justas, ya que delimita lo que se puede hacer y lo que no. Hablamos de propiedad privada en todos los sentidos, no solo en el económico. La persona es propietaria de su cuerpo, este derecho de propiedad privada sobre su cuerpo hace que nadie pueda asesinarle o violentarle; es propietaria de su pensamiento, de ahí que nadie pueda obligarle a pensar o actuar de una manera determinada; la persona es propietaria del fruto de su trabajo, porque voluntariamente ha decidido realizar una actividad que como consecuencia ha supuesto una retribución. Es por todo esto por lo que el respeto al derecho fundamental de la propiedad privada es esencial para la convivencia.

El problema que presenta el Estado es la falta de eficacia y eficiencia en la defensa de ese derecho fundamental de convivencia. Y esto es porque tiene el monopolio de la ley. Un conjunto de políticos, que prometen y no cumplen, son los que gestionan la aplicación de la ley y además tienen la facultad de entorpecer cualquier tipo de relación jurídica o económica porque tienen capacidad legislativa.

El Estado es ineficiente porque emplea demasiado tiempo en resolver los conflictos, y es ineficaz porque en numerosas ocasiones no los resuelve. Y no los resuelve porque no cumple con el derecho fundamental de la propiedad. Se comprueba fácilmente en la mayoría de los casos de ocupaciones, donde no es capaz de defender el derecho de propiedad privada sobre el fruto del trabajo, o en los asesinatos, que no es capaz de defender el derecho a la vida (que emana del de propiedad privada). E incluso ataca en ciertas ocasiones ese derecho, ¿cómo? te priva de los frutos de tu trabajo mediante la recaudación, de manera imperativa, y ni si quiera responde adecuadamente con una contraprestación ajustada a lo aportado, aprovechándose para financiar cualquier organización política o sindical afín a sus ideales o se apropia de ese dinero (casos de corrupción) , e incluso, como ha pasado y pasa en numerosos países, puede atacar tu libertad individual (como ocurre en cualquier dictadura).

Que una organización formada por un grupo concreto de personas tenga el monopolio de la ley (la redacte y la aplique), hace que ocurran atrocidades como ocurrieron en la Alemania nazi o la Italia fascista.

Por todo esto, la solución es la privatización de la justicia, la descentralización del monopolio, evitando cualquier tipo de malversación del poder. Que nuestros principios y leyes se recojan en unos códigos. Y en el caso del incumplimiento, que existan unas empresas jurídicas y de seguridad que se encarguen de aplicar los códigos (civil y penal), donde el factor clave de este sistema sea la competencia.

El hecho de que haya competencia obliga a la empresa a cumplir con los códigos, que, al fin y al cabo, son los principios con los que está de acuerdo toda la sociedad. Porque, de no cumplir con ellos, las empresas dejarán de ser contratadas por los ciudadanos. En el caso de la prevención de conflictos, toma especial importancia la posesión de armas para la defensa de la vida. Si todas las personas poseen armas, estarán en igualdad, así cualquier individuo que quiera atacar cualquier derecho fundamental sabrá que probablemente cuente con la respuesta inmediata de la persona o de las personas que le rodeen en el momento, actuando así de elemento desincentivador de la violencia.

A nivel económico, esta cobertura judicial se consigue gracias al pago de un seguro. Tal y como funcionan muchos seguros médicos o de vehículos.

Acabaremos así o al menos seremos capaces de reducir considerablemente el problema de la ineficacia y la ineficiencia, consiguiendo un funcionamiento del Derecho mucho mas justo y positivo para la sociedad.

 


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