Los ayuntamientos y la creación de empleo

Artículo original publicado en La Voz de Córdoba.

No nos cansamos de escuchar, en todos los pueblos, reivindicaciones de los vecinos a su propio ayuntamiento para conseguir puestos de trabajo. Sean del signo político que sean, tanto el pueblo como la corporación municipal, esta es una práctica bastante usual. En las ciudades donde cae la tasa de desempleo, los políticos se atribuyen la victoria; como si gracias a sus políticas fuera posible. En los que el paro aumenta, la oposición aprovecha para hacer crítica de la supuesta mala gestión del gobernante.

La realidad es bien distinta. Los alcaldes y sus equipos de gobierno, exceptuando los de las grandes ciudades, no tienen margen ni herramientas suficientes para incentivar o desincentivar la creación de empleo. Sobre todo, empleo de calidad. Podrían dedicarse a gastar todo el presupuesto en obras públicas, pero esto no es una actividad productiva en el largo plazo: no permite emplear a trabajadores con buenos salarios y, tampoco es una ocupación que perdure en el largo plazo. El ayuntamiento podría encabezar la iniciativa emprendedora y crear empresas donde colocar a sus vecinos. Sin embargo, es bien sabido que donde no están claramente definidos los derechos de propiedad y la responsabilidad sobre los recursos, el cálculo económico y la eficiencia se pierden. Además de que, más transferencias entre el sector público y privado, incrementarían los casos de corrupción y la malversación de fondos.

Es decir, el ayuntamiento no puede conseguir, por sí solo, una tasa de desempleo natural (del 4% aproximadamente). Las tasas actuales son consecuencia de motivos económicos y circunstancias exógenas al propio municipio. En regiones con alto desempleo, la tónica normal es ver localidades colindantes donde los niveles de paro y riqueza alcanzan valores similares. En la mayoría de casos, no es culpa del alcalde o alcaldesa. Tendrían verdadera culpa de lo que pasase, si la totalidad de los tributos, o gran parte de ellos, fueran recaudados y fijados por las administraciones locales. Porque, la única manera que tiene cualquier gobierno (local, autonómico o nacional) de incentivar la economía y el crecimiento económico, es mediante la gestión de los impuestos. En su caso, reduciendo la presión impositiva.

Actualmente, los alcaldes manejan impuestos y tasas. Pero, en su mayoría, son impuestos que afectan a los ciudadanos, más que a empresas, ejemplo es el IBI. Aun así, hay algunos tributos sobre actividad empresarial que sí son gestionados por ayuntamientos, como es el caso del IAE (Impuesto por Actividades Económicas). No obstante, este impuesto solo se aplica a corporaciones cuya cifra de negocio es superior al millón de euros. Y, no dudo de la capacidad empresarial y de creación de riqueza de los empresarios pueblerinos, pero ¿cuántas empresas son capaces de alcanzar esa cifra de negocio en una localidad? Ciertamente, muy pocas. Es decir, que este tributo también podríamos descartarlo como herramienta que pudiera emplear el gobierno municipal para incentivar la economía local.

La propuesta

Si hemos dicho que la única manera por la que un gobierno, cualquiera que sea, puede fomentar el crecimiento económico, es con bajadas de impuestos que de verdad afecten a las empresas y a los ciudadanos, la solución pasa por permitir a los ayuntamientos competir entre ellos por ver quien ofrece una fiscalidad más favorable al desarrollo empresarial y la creación de empleo. Así, cualquier gobierno municipal, sería capaz de hacer atractiva la llegada de inversión desde otro lugar de la región o de España, y facilitaría el emprendimiento y el desarrollo para sus propios habitantes. Además, esta cercanía de la gestión tributaria a los ciudadanos, haría más transparente su utilización y se atendería mucho mejor a sus reivindicaciones.

Estas medidas no solo podrían resultar positivas para zonas menos desarrolladas y más rurales de España, sino también, para evitar uno de los grandes problemas que ahora mismo padecemos: la despoblación rural.

No solo las bajadas impositivas son necesarias. El cumplimiento del equilibrio presupuestario también lo es. Y, en la actualidad, es algo sobre lo que se puede decidir. El equipo de gobierno municipal tendrá que ajustar los gastos municipales a la recaudación, intentado evitar los déficits y la acumulación de deuda. Déficit y deuda presentes, significan mayores impuestos futuros. Superávit y desapalancamiento, suponen menos impuestos futuros y mejores condiciones para la creación de empleo y riqueza.

¡Hagamos de los pueblos sitios donde invertir, crear, crecer y vivir!


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